De un pájaro las dos alas

De un pájaro las dos alas

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Por Santos Hernández©

17 de octubre de 2012

…Cuba y Puerto Rico son
de un pájaro las dos alas,
reciben flores o balas
sobre un mismo corazón…

Fragmento del poema “A Cuba”

De la Revolucionaria Lola Rodríguez de Tió

            El tema que voy abordar no tiene nada que ver con acciones patrióticas revolucionarias, pero el titular de este artículo le cae como anillo al dedo a la controversia. Hoy Puerto Rico amaneció envuelto en la guerra de poder entre dos de los colosos de la prensa escrita en este país, los diarios El Nuevo Día (END) y El Vocero (EV).

            El titular de END dice: Dinero público financia El Vocero, con el subtítulo: Compañía matriz del periódico recibe ayuda del Gobierno a pesar de abultada deuda contributiva. De igual manera EV contesta el este con otro artículo de la redacción titulado: A la sombra del mantengo: los Ferré Rangel, en alusión a la familia dueña de END. Definitivamente es una guerra entre dos de los medios más grande de circulación nacional en Puerto Rico.

            Esta guerra le ha mostrado al pueblo de Puerto Rico que el verdadero interés de los empresarios, dueños de los medios en discusión son sus negocios y si esto implica sobrevivir a costillas del erario público así lo harán. Hay que estar claro, la ideología de un capitalista es su negocio, son fieles a sus intereses económicos y el único color que persiguen es el del dinero. Cualquier empresario que le solicite ayuda económica al gobierno debe estar en la posición de cumplir, por todos los medios, los acuerdos llegado en el contrato y sus responsabilidades fiscales.

            El pueblo trabajador no tiene por que mantener ninguna empresa privada y menos hacerse cargo de sus deudas y regalarle a estas las ganancias. Si se nacionaliza la empresa y se dividen las deudas de igual modo que las ganancias ya sería otro negocio en que el pueblo participaría y no otra carga más para los trabajadores. Esta guerra nos confirma los datos que se han ido revelando desde hace mucho, que el pueblo de Puerto Rico mantiene a estos medios de comunicación.

            Estas dos empresas representan las alas de un mismo pájaro, pero el que se afecta con toda esta controversia, quien recibe las balas, es el corazón de este pájaro. Me refiero a las compañeras y compañeros periodistas y fotoperiodistas que salen a luchar día a día para sostener a sus familias. Son trabajadores que quedan fuera de las ganancias de la empresa, entregan su corazón, su empeño y su alma para llevar la mejor información al pueblo. En la mayoría de las veces su sueldo no se equipara con el gran trabajo que realizan.

            En la calle esas compañeras y compañeros somos hermanos, compartimos juntos las asignaciones, las largas espera por la noticia, los nombres y las citas, las reglas del juego, en otras palabras, nos damos la mano unos a otros. Allí no existe diferencias o rencillas empresariales, en las calles la dinámica es otra, es una de hermandad. La mayoría de las veces nos reunimos para organizarnos y de esta manera poder tener una cobertura completa sin interrumpirnos unos a otros y así llevarle la información más completa a nuestro público.

            Cuando se hace una cobertura de algo, se mezclan periodistas y fotoperiodistas de prensa escrita, radio, televisión y ahora con la tecnología, los de los medios electrónico o “web”. Nuestra credencial en la mayoría de las veces solo se usa para tener acceso al área de la noticia, pero no es un símbolo de segregación entre nosotros. De un ochenta a noventa por ciento de nuestro tiempo en una asignación se trata de esperar, en ese tiempo fraternizamos y nos entretenemos haciendo chistes, contamos historias y analizamos situaciones del día a día y si nos dejan creamos otro mundo mejor para los nuestros.

            Por eso hoy le doy mi apoyo y solidaridad a mis compañeras y compañeros periodistas y fotoperiodistas que son el corazón de esa ave, que tratan de muchas maneras llevar la mejor cobertura de los temas que hacen la noticia en nuestra isla. Son el parapeto que recibe el primer ataque en su corazón de aquellos que por ignorancia o por temor a la verdad los acusan de tener “Una Agenda Oculta”. Ellas y ellos son los ojos y los oídos de un pueblo que busca estar presente en el lugar de los hechos. Estas compañera y compañeros son el corazón de ese pájaro, que palpitará aunque sus alas estén rotas y se entregarán cada día por llevarle a usted la mejor información.

A continuación los artículos que provocaron este escrito:

http://www.elnuevodia.com/dineropublicofinanciaelvocero-1365586.html#.UH7Esc5CWeE.twitter

Dinero público financia El Vocero

Compañía matriz del periódico recibe ayuda del Gobierno a pesar de abultada deuda contributiva

Con fondos del Gobierno estatal y asignaciones federales, CINC no solo ha financiado la gran mayoría del gasto de nómina de El Vocero, sino que también ha sufragado, aparentemente, una parte sustancial de los gastos operacionales. (Archivo)

Por Miguel Díaz Román / mdiaz2@elnuevodia.com

Con la anuencia del Gobierno y a pesar de tener una deuda contributiva multimillonaria, la empresa Caribbean International News Corporation (CINC), matriz del periódico El Vocero, ha recibido más de $24.9 millones en fondos públicos a través de un esquema en el que se crearon nuevas corporaciones para burlar compromisos legales, económicos y laborales, según una determinación emitida el 24 de septiembre de 2010 por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos.

De esa manera, con fondos del Gobierno estatal y asignaciones federales, CINC no solo ha financiado la gran mayoría del gasto de nómina de El Vocero, sino que también ha sufragado, aparentemente, una parte sustancial de los gastos operacionales. El diario recibió  estos fondos a pesar de que arrastra una deuda contributiva de $21,141,200 desde el 2003 hasta el 2012, lo cual es contrario a las normas establecidas en el gobierno que prohíben que empresas con deudas al erario firmen contratos con el Estado.

Según una investigación realizada por El Nuevo Día, El Vocero, cuya línea editorial abiertamente favorece a  la administración actual, ha recibido a través de los años más de $24.9 millones de programas de incentivos salariales y de adiestramiento, que tienen vigencia limitada y que en su gran mayoría deben estar dirigidos a crear nuevos puestos de trabajo y no a mantener la plantilla actual.

Los incentivos han sido concedidos entre el 2006 y 2012, lo que implica que se iniciaron bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD). Durante el cuatrienio de Acevedo Vilá, se le concedieron $7.3 millones en incentivos a CINC y El Vocero de Puerto Rico, Inc., empresas bajo las cuales operaba el diario.

Las movidas más controvertidas, sin embargo, se registraron a partir de que el gobernador Luis Fortuño tomara posesión en el 2009, cuando en abril de ese año la administración de El Vocero cambió su estructura corporativa y creó nuevas empresas mediante las cuales tuvieron acceso a los incentivos para pagar su nómina y operaciones.

Desde el 2009 hasta el presente, el grupo de nuevas corporaciones ha recibido a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), de municipios y de consorcios municipales, más de $17.6 millones en fondos federales y estatales. Según consta en los propios contratos de incentivos obtenidos por El Nuevo Día, los fondos que recibieron las nuevas corporaciones pretendían crear y mantener más de 1,000 puestos de trabajo entre 2006 y el 2012.

Antes del 2009, el diario llegó a tener 300 empleados y en la actualidad tiene 138, según datos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, lo que apunta a que dichas ayudas posiblemente se usaron para conservar la misma plantilla de empleados de la empresa y subsidiar, con los remanentes de esos fondos, las costosas operaciones del periódico.

De esta forma, el Gobierno les negó a más de 1,000 trabajadores desempleados una oportunidad de empleo y de adiestramiento en medio de la peor crisis económica que recuerde la historia reciente del país, que ya le ha costado más de 180,000 puestos de trabajo y miles de quiebras empresariales. Los fondos obtenidos por el diario provienen de los programas que son administrados por el DTRH y por los municipios de San Juan y el consorcio integrado por los municipios de Guaynabo, Cataño, Toa Baja y Toa Alta.

Estos fondos pretenden incentivar a las empresas con el pago del 50 por ciento de los salarios para crear nuevas plazas de trabajo y para readiestrar empleados por periodos que oscilan entre seis meses y un año en cada contrato. Aunque de menor cuantía, el diario también obtuvo un contrato de ayudas provenientes del consorcio de Caguas y Guayama, pero este posteriormente fue rescindido.

En el caso del DTRH, la mayoría de los fondos designados para incentivos provienen de una aportación especial que realizan las empresas activas que asciende al 1% de su pago de nómina trimestral. El DTRH y los municipios también se benefician de los programas federales como los llamados fondos WIA, en referencia a las siglas de la ley federal Workforce Investment Act, y fondos ARRA, que se refiere a la ley federal American Recovery and Reinvestment Act.

En los contratos existe una cláusula que exige que las empresas recipientes de la ayuda no pueden tener deudas contributivas o de otra índole con el Gobierno o con los municipios y, si las tienen, deben presentar un plan de pago en cumplimiento. Esta disposición es obligatoria en los contratos del Gobierno central y de las corporaciones públicas desde 1991, cuando el entonces gobernador Rafael Hernández Colón la impuso como una norma por medio de una orden ejecutiva. La disposición es también  obligatoria para los gobiernos municipales y es requerida por la Oficina del Contralor y por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.

 UNA DÉCADA DE DEUDAS

Las deudas, que revelan un alarmante patrón de morosidad, se desglosan en $17,422,239.89 con el Departamento de Hacienda a partir del 2003 hasta el 2012, por no pagar las retenciones contributivas que realizó a los salarios de sus empleados y el 7% retenido a los contratos de servicios profesionales, así como otras contribuciones aplicables; $1,978,778.87 con el municipio de San Juan por el impago de patentes municipales; $687,817.05 con el DTRH por no pagar la aportación para el desempleo y una deuda de $1,052,366.70 con el Fondo del Seguro del Estado, la cual obedece al impago de primas y a servicios médicos adeudados. Estos servicios fueron provistos a empleados durante periodos en que El Vocero era un patrono no asegurado, debido a que no había pagado las primas.

En agosto del 2006, el exsecretario del Trabajo, Román Velasco, aprobó incentivos para el diario, a través de la empresa CINC, por $2 millones para mantener 101 puestos de trabajo, que le permitía pagar salarios de hasta casi $7,000 mensuales. En el contrato se incluyó la cláusula que prohíbe  tener deudas contributivas con el Gobierno y, si las tiene, debe presentar un plan de pago. Sin embargo, solo se acompañó con una certificación negativa de deudas para las leyes que administra el propio DTRH, no así para las contribuciones que administra el Departamento de Hacienda. Luego, en el 2007, a fuerza de varias enmiendas que se le hicieron al contrato, la ayuda asignada llegó a la suma de $3.4 millones. En ese mismo año, Velasco aprobó otro contrato para 75 plazas por $1.5 millones en el que sí se incluyó la cláusula.

A partir de junio de 2009 y durante la incumbencia del exsecretario del Trabajo y ahora secretario de la Gobernación Miguel Romero, el expresidente de El Vocero, Miguel Roca, y su actual presidente, el licenciado Peter Miller, crearon seis nuevas corporaciones con las cuales lograron evadir la prohibición del Estado y tener acceso a los incentivos a través de los nuevos entes corporativos que no registraban deudas.

Las seis empresas fueron incorporadas por Roca y Miller el mismo día, el 28 de abril de 2009, en el Departamento de Estado. Estas son: News Distributors of Puerto Rico (NDPR), que  presuntamente se dedica a tareas de distribución del diario; Multi Media Management (MMM), que supuestamente  se dedica a tareas gerenciales; Multi Media Enterprises (MME), bajo la cual está gran parte de la plantilla de los periodistas, fotoperiodistas y otro personal de la redacción; Prime Printing (PP) y La Prensa Libre de Puerto Rico (PLPR), dos empresas que aparentemente operan todo lo relacionado con la impresión del diario y cuya imprenta está ubicada en la urbanización industrial Matadero en Puerto Nuevo.

La última empresa es Multi Service Company (MSC), que presuntamente maneja las tareas de transportación y de inserción de shoppers y de otros impresos que acompañan el periódico. Con esta maniobra corporativa se logró evadir la prohibición de las deudas. Así, las nuevas corporaciones estarían aptas para obtener incentivos y hacer negocios con el Gobierno, a pesar de que emplean a prácticamente la misma plantilla de trabajadores de El Vocero y de que, por medio de las empresas CINC y El Vocero de Puerto Rico, Inc., arrastraban deudas multimillonarias con Hacienda y con el propio DTRH.

FALLO DE LA  JUNTA FEDERAL REVELA EL ESQUEMA

La maniobra corporativa para evadir responsabilidades mediante la creación de nuevas corporaciones quedó en evidencia en el 2010, cuando un juez administrativo de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, una agencia federal independiente encargada de velar, entre otras cosas, por el cumplimiento de leyes laborales, falló en contra de El Vocero y determinó que la creación de News Distributors of Puerto Rico (NDPR) era un mecanismo de la empresa para evadir sus compromisos contractuales con sus empleados.

El juez administrativo de la Junta federal, Michael A. Rosas, calificó a NDPR como una empresa idéntica a CINC (la expresión original fue un álter ego). Según el fallo, NDPR es un álter ego de CINC porque “sustancialmente tiene un idéntico propósito comercial, gerencia, equipo, supervisores, clientes y lugar de operaciones”. El dictamen administrativo incluso señala que “NDPR era una compañía en papel solamente. NDPR no tenía clientes, empleados, espacio de oficina ni cuenta bancaria”.

La decisión del juez administrativo surgió en atención a un reclamo realizado por la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), luego de que en 2009 El Vocero cerrara su departamento de distribución, que dejó sin trabajo a 107 empleados, y luego inscribiera a NDPR para subcontratar las funciones de distribución. El fallo fue acogido y ratificado por la Junta federal en diciembre de 2011 y las partes se encuentran en este momento en proceso de negociación como parte de un último intento de apelación en Washington, D. C.

La decisión de la Junta federal fue ignorada por el exsecretario Romero, quien continuó concediéndole ayudas por valor de más de $4 millones a NDPR y por más de $6 millones a las otras nuevas criaturas corporativas. Esto a pesar de que en el DTRH, según una fuente interna, es un secreto a voces que el diario tenía una deuda en el renglón de desempleo y que las nuevas empresas operan como un subterfugio para no responder a las obligaciones de CINC y de El Vocero de Puerto Rico, Inc.

Durante la incumbencia de Romero se ha protegido a El Vocero hasta el extremo de que el empleado Ángel Agosto, quien es cobrador de deudas contributivas en el DTRH, se disponía a mediados del 2011 a realizar esfuerzos para conseguir que la empresa pagara su cuantiosa deuda, pero inesperadamente su gestión fue detenida. “Cuando iba a comenzar pidieron de arriba, del piso 21, donde está la oficina del secretario, el expediente. Un empleado, Richard Monje, dijo que había una apelación (a la deuda) de El Vocero en la oficina del secretario. Y no se hizo nada más”, dijo Agosto.

ESQUEMA CON VISOS DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO

El Nuevo Día ha dialogado con empleados del periódico El Vocero, quienes aseguran que sus salarios y el de muchos de sus compañeros son pagados con cheques emitidos por la empresa CINC, que no figura como recipiente de subsidios salariales a partir de 2009. CINC ha emitido esos salarios a pesar de que las empresas que reciben los incentivos son las que fueron incorporadas a partir de 2009, las cuales, supuestamente, funcionan de manera independiente.

Dicha acción levanta el serio cuestionamiento de cómo se están usando los fondos públicos producto de los contratos de incentivos que fueron otorgados a nombre de otras corporaciones para la contratación de nuevos empleados y no para uso de CINC.  Esto a pesar de que en los contratos existe una cláusula que obliga a tener y evidenciar que la corporación beneficiada tendrá una cuenta aparte para el manejo exclusivo de los fondos recibidos.

Otro elemento llamativo es que la mayoría de los contratos otorgados por el consorcio de Guaynabo, que son pagados con fondos WIA, establecen altos salarios para puestos ejecutivos y gerenciales, redactores y otro personal de producción, que van desde $13 por hora hasta $32 por hora. En algunos contratos, la aportación del municipio financia la totalidad del salario de los empleados cobijados en el contrato.

Esto significa que la inyección de estos fondos federales se alejaría de su propósito usual de ayudar al patrono a financiar el salario de personal en adiestramiento en un oficio, y en este caso ha sido utilizada para financiar en ocasiones en un 100 por ciento el salario de personal gerencial altamente adiestrado con funciones incluso ejecutivas. Esto a pesar de que en los contratos también se hace referencia a los puestos solicitados en la propuesta sometida al municipio, con salarios más altos o funciones altamente especializadas y que no fueron aprobados, como es el caso del puesto de un vicepresidente.

De acuerdo con información obtenida por El Nuevo Día, los expedientes de las nuevas empresas de El Vocero  se encuentran custodiados en una oficina en piso 19 de DTRH, a la que solo tienen acceso un puñado de empleados vinculados a la presente administración en la división de Fomento al Trabajo, encargada de ofrecer los incentivos salariales. Según fuentes en esa división, los asuntos de las empresas de El Vocero se manejan con estricta confidencialidad  y con la participación activa de asesores y ayudantes de la oficina del Secretario.

Entre los empleados que no tienen acceso a los expedientes circulan dos versiones. La primera sostiene que los auditores del DTRH no han podido auditar a las nuevas empresas, a pesar de que las auditorías son mandatorias al menos seis meses después de recibir los incentivos.

La otra versión señala que se han realizado  algunas auditorías que han detectado graves negligencias e incumplimientos en dos de estas empresas hasta el punto que le han requerido la devolución de la totalidad del dinero recibido. Según esta versión, esas empresas no brindaron los adiestramientos que ofrecieron en las propuestas para solicitar la ayuda y tampoco crearon una determinada cantidad de nuevas plazas de empleo, lo cual es un requisito que figura en los contratos.

La fuente indicó que otro alarmante incumplimiento es que, básicamente, los mismos empleados de las empresas han sido los recipientes de los incentivos salariales y que no se ha cumplido con el requisito de reclutar desempleados registrados en el DTRH, lo cual apunta a serias irregularidades  en la obtención y uso de fondos locales y federales de los programas de incentivos.

Esto significa que la antigua plantilla de empleados de El Vocero ya diestros en la industria y los oficios del periodismo es la misma que figura como el grupo de empleados que recibe un salario subsidiado justificado bajo una asignación de fondos que tiene como fin adiestrar a individuos en un nuevo oficio o en la realización de nuevas tareas.

http://www.vocero.com/a-la-sombra-del-mantengo-dinero-publico-financia-al-grupo-ferre-rangel/

A la sombra del mantengo: los Ferré Rangel

17 de octubre de 2012 – –

Que quede claro para el lector que no permitiremos que los Ferré Rangel nos intimiden, censuren o clausuren. En los próximos días revelaremos cómo operan las empresas Ferré Rangel.

Editorial:

En el día de hoy, EL VOCERO DE PUERTO RICO ha sido víctima del ataque más vil y bajo que jamás haya sufrido. El Nuevo Día, uno de los tentáculos del Grupo Ferré Rangel, ha lanzado una primera plana en la que levanta una serie de acusaciones, cuya característica principal es la hipérbole y la mentira. ¿Por qué este ataque? Bien sencillo: desde que EL VOCERO decidió convertirse en un periódico gratuito, su crecimiento y penetración en el mercado ha sido increíble. En poco tiempo hemos masacrado las ventas de los periódicos Ferré Rangel en la calle y sustancialmente en los puestos. Es evidente que le estamos dando por donde les duele porque nos hemos convertido en una verdadera amenaza a sus intereses comerciales. No hay mejor ejemplo de eso, sino ver cómo los anunciantes—el oxígeno de todo periódico—han incrementado sus pautas en EL VOCERO y han bajado sus pautas en la publicaciones de ellos. Ante este embate, en vez de mejorar su producto, los Ferré Rangel han recurrido a su vieja arma: destruir a la competencia, “by any means necessary”. Primero, lanzaron una campaña publicitaria contra EL VOCERO que se destacó por su bajeza y por ser de pobre calidad. Hace poco se vieron forzados a también sacar un periódico gratuito. Pero, eso no les ha funcionado. Por ende, de repente, vemos como los Ferré Rangel recogen un refrito de noticias que vienen circulando por meses—una de ellas publicada en el desprestigiado periódico “Daily Star”, distribuido por Distribution Integrated Services, otro de los tentáculos de los Ferré Rangel—y la amplían y la tergiversan aun más. Esta es la realidad: Caribbean International News Corp., la matriz de EL VOCERO, no tiene contrato alguno con el gobierno. No ha recibido, ahora ni nunca, dinero alguno de consorcios municipales. Si es cierto que esta compañía ha enfrentado y sigue enfrentando, problemas económicos. La década del 2000-2010, fue bien fuerte para la economía local, y EL VOCERO sufrió los embates que a tantos ha afectado. Ante esta dura y cruel realidad económica, tanto la administración del Partido Popular Democrático (PPD) bajo Aníbal Acevedo Vilá, como la del Partido Nuevo Progresista (PNP), con Luis Fortuño, han hecho lo que han podido para poder ayudar, no a EL VOCERO, sino a los cientos de buenos boricuas que aquí trabajan. Lo que también es cierto es que otras compañías que le suplen servicios a EL VOCERO han creado literalmente cientos de empleos, la inmensa mayoría de ellos, a personas previamente desempleadas a medida que nuestra empresa va corrigiendo los errores del pasado.

No puedo concluir sin recordarles que ya la semana pasada EL VOCERO fue atacado virulentamente por todo el liderato del PPD. Claro, que dicho liderato no pudo controvertir ni un dato de lo que publicamos. Sin embargo, notamos que los Ferré Rangel hicieron algo el pasado lunes que aquí en EL VOCERO está vedado: endosaron abiertamente el plan económico de uno de los candidatos a la Gobernación. No es casualidad que ese aspirante sea Alejandro García Padilla. No obstante, en su ataque, los Ferré Rangel nos acusan de “abiertamente” apoyar al gobierno de turno. Eso es curioso, porque nuestros periodistas se llevaron el grueso de los premios otorgados por la Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro). Ahora, ¿dirán que la OPC y la ASPPRO también están parcializadas con el gobierno? ¿O es que como EL VOCERO presenta noticias que los Ferré Rangel omiten o tergiversan, les ha dolido lo que hemos hecho y seguiremos haciendo? Nuestros columnistas cubren toda la gama política en Puerto Rico, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Ninguna otra publicación ofrece tal selección. Así que quede claro para el lector, que no vamos a permitir que los Ferré Rangel nos intimiden, censuren o clausuren. Y para demostrárselos, continúen leyéndonos, que en los próximos días les revelaremos cómo es que los Ferré operan. Nuestra suerte, como siempre ha sido, queda en sus manos. Confiamos en que ustedes, nuestros lectores, sabrán distinguir lo que es periodismo de excelencia y lo que es una patraña elucubrada por una oligarquía que no sabe cómo competir en el mercado abierto.

Lcdo. Peter W. Miller

Presidente

Nota del editor:

Esta es la primera historia de una serie periodística en la que EL VOCERO investigó y descubrió los múltiples excesos del Grupo Ferré Rangel en su afán por generar mayores riquezas a cuenta del pueblo de Puerto Rico para mantener su emporio mediático desde el cual por décadas han intentado controlar los destinos de Puerto Rico a través de la influencia que ejercen sobre las distintas administraciones gubernamentales y los partidos políticos. EL VOCERO culminó la investigación hace escasamente un día. Se tomó la determinación de adelantar la serie en nuestra edición digital y en el portal electrónico al constatar que nuestro principal competidor publicará una investigación contra nuestra empresa que parte de medias verdades y falsedades difundidas hace más de dos meses por el periódico intermitente de Gerry Angulo y por múltiples sitios en la Internet, con el único afán de intentar detener el arrollador impulso que lleva EL VOCERO desde que se determinó convertirse en una publicación gratuita. Solo es preciso ver las voluminosas montañas de periódicos de El Nuevo Día y Primera Hora que se quedan en los estantes de los establecimientos y en los semáforos sin que nadie quiera comprarlos. Se entiende la desesperación representada también en una campaña publicitaria baja que demostró la calaña de sus empresarios, la misma que tuvieron que retirar para poder publicar una publicación gratuita que tampoco ha logrado despuntar. El público ahora podrá conocer una cara que no conoce de una las familias más acaudaladas de Puerto Rico.

Redacción

El Vocero

En junio de 2002, 28 jefes de agencias gubernamentales se comprometieron por escrito en colocar por el siguiente año una “inversión mínima” de $3.7 millones en anuncios en el diario El Nuevo Día. Menos de un año más tarde 27 de estas agencias volvieron a entrar en un compromiso idéntico por otro mínimo de $2 millones en anuncios con otra publicación del Grupo Ferré Rangel, el diario Primera Hora, el cual en aquel momento estaba luchando por establecer su mercado.

La importancia, o siquiera la necesidad para los contribuyentes, de esta costosa campaña publicitaria en un momento de recesión económica tras el ataque del 9-11 es un tema que no toca ni aclara ninguno de los dos contratos hechos bajo la sombrilla de La Fortaleza de la entonces gobernadora Sila M. Calderón. Con ambos acuerdos, el gobierno le garantizaba a estos dos diarios un ingreso mínimo pero no les imponía un tope. Por el contrario, dejaban el tope abierto pero sujeto a un pequeño descuento adicional. Otra ventaja del contrato para ambas partes es que al no tener que definir el máximo el acuerdo entorpeció cualquier futuro esfuerzo de fiscalizar cuánto dinero estaba gastando el erario en pautas de anuncios durante este período.

Pese a ser inusual en términos de cómo opera la industria, estos acuerdos son ejemplo de cómo en una década algunas de las tácticas del Grupo Ferré Rangel rompen con las reglas tradicionales. Esto les ha permitido ir más allá de la industria del papel y tinta con la ayuda de múltiples identidades corporativas colocándose así entre los principales contratistas de gobierno—los récords de la Oficina de la Contralor revelan que los contratos con el GFR de estos 10 años tienen un valor de más de $90 millones.

Esta suma, sin embargo, se cuadruplica a más de $400 millones si se toma en cuenta la controvertible emisión de bonos de AFICA por $130 millones en el 2001 para la adquisición de una nueva imprenta, la restructuración de un préstamo de $23.3 millones de la desaparecida Puerto Rican Cement que le ocasionó una pérdida de $9.1 millones al Banco Gubernamental de Fomento, así como los lucrativos contratos con una serie de empresas las cuales controla o tiene interés importante el Grupo Ferré-Rangel, uno u otro miembro de la familia o Advent-Morro Equity Partners, una banca privada de inversión fundada por el esposo de la presidenta de GFR. Entre estas empresas se encuentra el Banco Popular, Medical Card Systems (MCS) y las Empresas Santana.

Tal aluvión de fondos públicos es en sí un recordatorio irónico de la batalla del GFR a principios de la pasada década contra el entonces gobernador Pedro Rosselló a quien la familia Ferré acusó de usar las pautas de anuncio como medio de censura, citando frecuentemente la Cláusula 7 de la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la cual, entre otras cosas, establece que “la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.”

Pero en San Juan la advertencia de la SIP parece haber caído en oídos sordos. Por ejemplo, en agosto de este año la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) renovó y subió a $9.2 millones un contrato del 2009 con El Día Directo para manejar todas las llamadas de servicio al cliente de esta agencia de gobierno a razón de una tarifa de $18.25 la hora por operador. Del 2002 en adelante, esta subsidiaria de El Nuevo Día figura con otros $53 millones más en contratos gubernamentales.

El contrato firmado en el 2009 por el presidente de la AAA, José Ortiz, se supone que esté en vigor hasta el año 2015, pero ya parece haber tenido sus beneficios. La cobertura en los medios que controla GFR de tanto Ortiz como de la AAA se destaca por positiva, de acuerdo con los archivos electrónicos de ambos periódicos.

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